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El Gobierno, consciente de la relevancia que tienen las AP para el país, ha promovido una serie de iniciativas relacionadas con su protección. En diciembre de 2003, fue aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA la Estrategia Nacional de la Biodiversidad, cumpliendo así los compromisos adquiridos en la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica por parte de Chile en 1994.
Su primera línea estratégica resalta la necesidad de “Asegurar la conservación y restauración de los ecosistemas de manera de reducir de forma importante el ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica antes del 2010”. Este eje director se encuentra también reflejado en varias acciones específicas del Plan de Acción aprobado por el Consejo Directivo, en abril de 2005. Así, una de las
iniciativas más relevantes es: “Generar una Política Nacional de Áreas Protegidas que integre y articule las políticas sectoriales, considerando los componentes terrestres y acuáticos, en ámbitos privados y públicos”.